La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido cuestionada en términos de su imparcialidad para resolver la controversia sobre el Esequibo, principalmente debido a la composición de sus jueces. Se destaca que el 40% de los jueces de la CIJ nacieron en territorios británicos o excolonias, lo que ha generado preocupaciones sobre su neutralidad en casos relacionados con disputas que involucran a estas naciones.

Esta situación plantea interrogantes sobre la influencia potencial de los antecedentes y afiliaciones de los jueces en las decisiones adoptadas por la CIJ en casos como el Esequibo, lo que puede afectar la percepción de imparcialidad y equidad en la resolución de la controversia.

La usurpación fraudulenta de 159.542 km2 de la Guyana Esequiba representa una pérdida territorial devastadora para Venezuela. Para visualizar la magnitud de esta pérdida, es importante resaltar que esta extensión territorial es comparable al tamaño de todo el occidente de Venezuela, abarcando por completo los estados de Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy. Además, para ponerlo en perspectiva internacional, esta área usurpada es equivalente a la suma de las superficies de Cuba y República Dominicana juntas. Esta situación subraya la importancia estratégica y el impacto significativo que la pérdida de esta extensión territorial tiene para Venezuela, tanto en términos de recursos naturales como de proyección geopolítica.

Un ejemplo adicional de esta magnitud sería comparar la extensión territorial usurpada con la totalidad de un país europeo. Por ejemplo, la pérdida de 159.542 km2 es casi dos veces el tamaño de Montenegro o aproximadamente la mitad del tamaño de Bosnia y Herzegovina. Esto ilustra de manera clara la escala de esta pérdida territorial en el contexto internacional.

El Esequibo constituye el 15% del territorio Venezolano.

Nos pertenece desde el principio de nuestra historia y debemos defenderlo. La reclamación venezolana sobre el Esequibo tiene un fundamento sólido desde el punto de vista histórico y legal. La región formó parte de Venezuela desde la época colonial, y fue administrada por Venezuela hasta 1899. El laudo arbitral de 1899 fue un arbitraje unilateral, en el que no se escuchó la posición de Venezuela. Además, el laudo se basó en argumentos históricos y jurídicos que han sido cuestionados por los expertos.

Venezuela considera el laudo ilegítimo, y ha reiterado su reclamación sobre el territorio en varias ocasiones.

Guyana está financiando un equipo de abogados con dinero proveniente de la extracción de petróleo en la Zona en Reclamación. Este financiamiento asciende a la significativa suma de 15 millones de dólares. El uso de fondos obtenidos de esta manera plantea interrogantes éticas y legales, especialmente en el contexto de una disputa territorial tan sensible. Esta situación podría generar controversia y desconfianza en relación con la integridad y la transparencia de los procedimientos legales vinculados a la reclamación, afectando la percepción de imparcialidad y equidad en el proceso de resolución de la disputa.

¡Nuestro deber como venezolanos y venezolanas, es oponernos por cualquier medio al robo descarado de nuestras tierras!